El anuncio de la sentencia del Tribunal Constitucional dejando sin efecto la Reforma Fiscal de 2012 que aprobó la Amnistía Fiscal para aquellas personas que no habían declarado rentas obtenidas y no las habían incluído en sus declaraciones de impuestos, ha supuesto un varapalo importante en la credibilidad de las reformas fiscales de este país en los últimos cinco o seis años.
Albert Sagués, profesor del Máster en Asesoría Fiscal de la UPF Barcelona School of Management, realiza una reflexión crítica sobre estas medidas y las consecuencias de la sentencia del TC.
El Tribunal Constitucional basa la inconstitucionalidad de la norma en el derecho que se aprobó mediante el Real Decreto Ley y no a través de una Ley debatida en el Parlamento. Esta Reforma Fiscal generó ingresos importantes para el sector público español, sometido a una gran presión de Bruselas, en un momento en el que se estaba planteando sobre la mesa el posible rescate de España debido a la situación de déficit público.
Las prisas hicieron que dicha Reforma Fiscal se hiciera a través de este Real Decreto Ley
Eso ha provocado que un mal comienzo haya finalizado con una inconstitucionalidad a la norma. De hecho, el drama aún es más grande. Resulta que aquellos que regularizaron, en principio, van a quedar eximidos de toda culpa, mientras que el régimen sancionador ha resultado sin efecto al derogarse la norma.
En resumen, hemos sacado lo peor de las dos situaciones. Los incumplidores han salido eximes de su culpa y, en cambio, el régimen sancionador queda en entredicho a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional. Un muy mal final para algo que empezó tan bien.
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