Ya hace un año que aparecía la Note of concern del finCEN estadounidense que provocó la rápida intervención de Banca Privada de Andorra por parte del Gobierno andorrano.
Desde un primer momento, fui de los que alabó tan rápida intervención que demostraba un total compromiso del Ejecutivo andorrano de no permitir prácticas ilegales en su sector financiero. Fue un duro golpe para el país que estaba y está en plena reforma de su marco legal y de sus instituciones y estructuras para sacudirse la etiqueta ‘paraíso fiscal’ y poder alinearse con los países de su entorno y especialmente , con los países de la Unión Europea.
Fue un duro golpe que cayó en medio del sector financiero, uno de sus pilares económicos. El Principado tenía y tiene aún la posibilidad de tener un papel preeminente como ‘Plaza Financiera’ del sur de Europa si logra convencer a los países de su entorno de su capacidad para crear unas estructuras bastante sólidas (sistema legal tributario, laboral, mercantil , judicial) y, obviamente, una buena regulación de su sector financiero.
Por su ubicación geográfica y sus vínculos con España, Andorra podría tener un papel destacado como plataforma inversora y plaza financiera entre el sur de Europa y los países latinoamericanos. Lo facilitan aspectos de idioma, moneda sólida (gracias al acuerdo con la UE para utilizar el euro) y capacidad y experiencia en su sector financiero. Andorra tiene buenos bancos.
La crisis de BPA hizo mucho daño a los ahorradores (andorranos y extranjeros) del banco que han visto bloqueados o limitada la disposición de sus ahorros durante muchos meses, el pequeño y mediano inversor, especialmente el extranjero, lo recordará durante muchos años. La crisis también ha dañado la imagen del país de forma global. Aquel pequeño país que hacía unos años era considerado un oscuro paraíso fiscal y que había limpiado su imagen diciendo que todo aquello había quedado atrás y que inicia una nueva etapa, todo de una vez aparecía en las portadas de los periódicos de medio mundo acusado por los Estados Unidos de ser una herramienta de blanqueo de capitales, y eso también tardará en olvidarse. Pero a quien más daño ha hecho esta crisis es el regulador andorrano, el INAF, que debe ser la piedra angular de la futura recuperación de la imagen del sector financiero andorrano y también del país.
Como en muchos otros casos, la perspectiva permite opinar desde la comodidad de quien conoce una historia y unos hechos ya pasados. Centrándonos en el regulador bancario, tal vez la gestión de la crisis hecha por el INAF podría haber sido mejorable, especialmente en los días y las semanas inmediatamente siguientes a la intervención, donde supongo que los nervios hicieron patente una cierta descoordinación, pero en conjunto, y con las herramientas de que disponía, ha hecho una labor más que correcta. Ha gestionado adecuadamente las consecuencias (la intervención y hechos posteriores) que causó la nota del finCEN.
¿Qué nos ha enseñado pues esta crisis? Principalmente que la legislación y control financiero andorrano no han funcionado, y esto no debería haber pasado. El hecho de dejar demasiado margen a las propias entidades para hacer control y aplicación de normas de cumplimiento (el famoso compliance) no ha funcionado. Y lo digo después de ver los resultados de la Auditoría de BPA. Que nos digan que más de 900 clientes de BPA son potencialmente sospechosos de blanqueo (el 3% del total de los clientes) y que podrían haber generado una cifra de negocio de unos 1.000 millones de euros a la entidad (aproximadamente un 20 % del total del banco) nos lo demuestra.
Si un análisis cuidadoso de las operaciones en el transcurso de esta auditoria que ha durado más de nueve meses, ha puesto de manifiesto estas potenciales irregularidades, hay que cambiar la forma de regular el sector financiero y hay que hacerlo en profundidad y rigor.
De ello depende el futuro de Andorra como plaza financiera. Una actuación tibia, poner un parche, no servirá. Quizás remendar permitirá aguantar unos añitos más, pero no garantizará que más adelante vuelva a pasar y Andorra no se lo puede permitir.
El principado se ha sentado en la mesa de los grandes. Creó el INAF y otras estructuras para alinearse con los países del entorno, ha comenzado a firmar tratos de doble imposición, acuerdos con la UE e incorporando parte de Directivas Comunitarias, etc …. y, de repente, se ha encontrado también creando su propio fondo de rescate bancario, el AREB (la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias) ha sido una lección dura.
Ahora habría que terminar de cerrar esta crisis de la misma manera como se ha gestionado el asunto en los últimos meses. Actuando rigurosamente, sin hacer ruido y con firmeza. La creación del ‘banco bueno’ es una buena noticia. Su venta (si puede ser a una entidad extranjera que lleve aire nuevo) ayudaría a rehacer la confianza en el sector financiero andorrano y también sería una buena nueva. La noticia que el finca sacaba finalmente a la BPA de la lista negra y reconocía el trabajo realizado es una mejor noticia (aunque el tamaño de los titulares esta vez, ha sido mucho más pequeña).
Pero no olvidemos que conviviremos aún, durante meses y seguramente años, con las últimas latigazos de esta crisis, la vía judicial. La vía judicial es larga, muy larga, y las demandas y querellas mutuas entre el Ejecutivo, los antiguos propietarios, el finca y quien se añada nos adelantan que veremos y leeremos durante años noticias de pelea en los tribunales.
No quiero terminar sin decir que quedo a la espera de leer la mejor noticia de todas, la que realmente me gustaría leer, y es el anuncio de la reforma de verdad del sistema financiero andorrano y la del sistema de regulación. Es fácil, ya saben qué males deben evitar y cómo se puede hacer. Acaban de aprenderlo en este Máster en regulación bancaria que ha durado un año y que hoy termina.
Artículo publicado en elperiodic.ad
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